Castigan a funcionarios de la AFIP por un reclamo a YPF

Hugo Alconada Mon

La estatización de YPF ya causó cinco bajas en las filas oficiales. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, forzó el desplazamiento de cinco altos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que avanzaron a toda velocidad contra la empresa cuando todavía la controlaban los españoles, pero cuya ofensiva, por casi $ 410 millones, impactó de lleno contra la firma cuando ya estaba en manos del Gobierno.

El reclamo de la AFIP se había centrado en supuestas inconsistencias detectadas en el pago del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural por $ 267,1 millones, más otros $ 142,2 millones en intereses resarcitorios. Pero lo que comenzó contra la chequera española terminó en la billetera del Estado.

Las dos víctimas centrales de Kicillof fueron Juan Carlos Cheli y Bibiana Vacirca, jefes del Departamento Gestión de Cobro y de la División Recaudación, respectivamente, de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, desplazamientos que se informaron en el Boletín Oficial del lunes 25 del mes pasado. Un día después se sumó el tercer desplazado: Enrique Lalanne, jefe de la División Cobranzas Judiciales, y el 3 de este mes, los últimos dos: Roberto Alejandro Gómez y Marcelo Malagón, jefes de departamento y división letrada de Contencioso Administrativo. Es decir, los encargados de iniciar juicios para cobrar los millones adeudados al fisco. Ahora, uno de ellos pidió licencia; otro fue rebajado a sacar fotocopias.

Los cinco, en rigor, cayeron en desgracia por la ofensiva de la AFIP y, más relevante, como responsables por las consecuencias de un fallo que resultó inédito por su veloz tramitación, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas de fuentes del Tribunal Fiscal, la AFIP y el Ministerio de Economía.

VELOCIDAD NOTABLE

Todo el proceso resultó notable por su velocidad. En menos de dos meses, dos flamantes jueces nombrados por el Gobierno rechazaron la apelación de YPF contra la determinación de la AFIP y le franquearon la puerta al fisco para intimarla por casi $ 410 millones. Es decir, un logro que en la mayoría de los casos insume años o incluso décadas.

La ofensiva de la AFIP registró más particularidades. Entre otras, Armando Magallón y José Luis Pérez, los jueces designados mediante un controvertido concurso del Ministerio de Economía, se apartaron de las pautas fijadas por un fallo plenario del propio Tribunal Fiscal en 2007 y avanzaron sin correrle traslado al Estado de los planteos de YPF. Sin más, rebatieron ellos sus argumentos defensivos y le aplicaron las costas del proceso por otros $ 3,4 millones.

"Es válido no correrle traslado al Estado si el planteo de la otra parte es manifiestamente improcedente. Pero éste no es el caso", estimó una fuente del Tribunal Fiscal. "Forzaron la jurisprudencia con una clara intencionalidad de habilitar la ejecución contra YPF", abundó, lo que convalidó una segunda voz dentro del órgano jurisdiccional revisor de la AFIP.

La ofensiva también mostró una notable correlación con las acciones del Gobierno contra la gestión de Repsol, según corroboró LA NACION en las actuaciones del expediente 35-722-I que se inscribió en el registro como EXP-S01:0527895/2011.

El primer paso ocurrió cuando la AFIP fijó en $ 267,1 millones la "determinación fiscal" por diferencias detectadas en los precios "de surtidor" de los combustibles entre la Patagonia y el resto del país.

La YPF española rechazó las conclusiones de la AFIP y apeló ante el Tribunal Fiscal el 29 de diciembre. Tras los asuetos de fin de año y la feria de enero, el proceso comenzó a correr en febrero, mientras se le retiraban pozos petroleros a la compañía y crecían las versiones sobre su intervención, lo que se concretó el 16 de abril. Dos días después, Magallón y Pérez firmaron su sentencia.

La premura del Tribunal Fiscal, sin embargo, terminó por repercutir contra el Estado. Porque la AFIP quedó habilitada a ejecutar a YPF por cerca de $ 410 millones justo cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner concretó su nacionalización, el 3 de mayo. Y la ofensiva, tras las notificaciones de rigor, impactó en los cálculos fiscales.

En cuestión de días, la ofensiva se volvió también contra los funcionarios involucrados de la AFIP, a pesar de que contaban con el visto bueno de su jefe máximo, Ricardo Echegaray. La presión de Kicillof fue más fuerte.

La Nación 120711

Analizan el destino de las utilidades de YPF
La empresa convocó a una asamblea para el 17 de julio; Boudou adelantó que la política será "reorientar" sus ganancias

La empresa YPF convocó a sus accionistas a una asamblea general ordinaria que se realizará el próximo 17 de julio, y en cuyo temario figura la determinación del destino de las utilidades de la petrolera.

A través de una solicitada publicada anteayer en los diarios, la empresa precisó que la asamblea se llevará a cabo el 17 de julio, a las 11, en la sede ubicada en Macacha Güemes 515, en el barrio porteño de Puerto Madero.

La petrolera, que desde hace un par de meses está controlada por el Estado nacional, informó que en la reunión del viernes 15 de junio de este mes se decidió "disponer el levantamiento de la suspensión de la convocatoria a asamblea general ordinaria prevista originalmente para el pasado 25 de abril de 2012, dispuesta por el interventor Julio De Vido", y se dispuso "convocar a los accionistas" a la próxima cita.

La asamblea del 25 de abril había sido suspendida tras el anuncio de la expropiación del 51% de las acciones, manejada hasta ese momento por la empresa española Repsol.

Entre las cuestiones que figuran en el orden del día para la nueva asamblea, el punto 4 establece que se analizará el "destino de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2011. Y la consideración de la capitalización parcial de utilidades mediante emisión de acciones liberadas para su distribución a los accionistas".

A su vez, en el punto 5 figura un "aumento de capital social a fin de instrumentar la capitalización y entrega de acciones liberadas mencionadas en el punto anterior, de hasta 5789 pesos, representativo de hasta un 147,2% del capital social".

Sin embargo, en relación con estos dos puntos, la solicitada aclara, en una nota, que "el directorio en su actual composición y teniendo en cuenta el interés social considera que dicha propuesta no se ajusta a las condiciones actuales en que se encuentra la compañía".

MODELO SUSTENTABLE

La solicitada de YPF coincidió con las declaraciones del vicepresidente, Amado Boudou, que destacó que la intención del Gobierno es reorientar las utilidades de la petrolera hacia el área productiva. "Una cuestión muy importante es la reorientación de las utilidades de YPF. Antes se las llevaban. Ahora van a ser reinvertidas en partes importantes en el desarrollo, la producción y para que el modelo sea sustentable a largo plazo", señaló el vicepresidente desde Neuquén.

Boudou además sostuvo que la intención oficial es poner a YPF al servicio de un "modelo productivo". "Ahora vamos a tener un control estratégico que no sólo sea un acompañamiento, sino una de las locomotoras del desarrollo argentino. Hay muchos capitales que quieren participar del desarrollo de las energías no convencionales. Pero tenemos que tener una estrategia de largo plazo. No que vengan capitales a llevarse la crema del negocio y después pase como pasaba con Repsol", advirtió el funcionario.

CLAVES

Asamblea La fecha original para la asamblea era el 25 de abril, pero fue pospuesta tras el anuncio del proyecto de expropiación de la petrolera.
Agenda Entre los puntos por tratar figura la determinación del destino de las utilidades acumuladas por la compañía.
Reorientación Desde Neuquén, el vicepresidente, Amado Boudou, adelantó que la intención oficial es reorientar las ganancias de la petrolera en el área de la producción.
Modelo El funcionario nacional además defendió el uso de las utilidades de YPF para que el modelo económico "sea sustentable en el largo plazo".

La Nación 120625

YPF, Statoil y la ética

Vladimir Cares (*)

Una de las tantas discusiones que habilitó la expropiación del 51% de las acciones de YPF fue la preocupación que algunos sectores plantearon respecto de la posible injerencia de la política en el futuro de la compañía petrolera. Así, por ejemplo, en una nota aparecida en el diario "El Político", de Estados Unidos, se afirmaba que la designación de Miguel Galuccio como gerente general de la empresa era una medida insuficiente, puesto que si bien era una señal favorable para los mercados la cercanía ideológica entre Argentina y Venezuela hacía temer por una politización similar a la vista en Pdvsa, la petrolera venezolana.

Sin embargo, un argumento más ambicioso que la apelación a la antipolítica es la presentación de una empresa exitosa como modelo a imitar. Aquí entendemos por modelo aquello que se toma como referencia privilegiada para tratar de reproducir algo igual o similar. Tal es el caso de la compañía noruega Statoil, mentada en diversos ámbitos como un ejemplo de empresa moderna, eficiente y éticamente irreprochable. Así, en un artículo aparecido en Infobae el analista Gabriel Salvia manifestaba su extrañeza por que el gobierno analizara tomar como modelo de YPF a Statoil ya que "un detalle no menor es que Statoil está firmemente en contra de la corrupción". Más adelante, Salvia continuaba diciendo que esto se reflejaba en el hecho de que Statoil "lanzara un programa de aprendizaje on-line de anticorrupción, obligatorio para todos los empleados". Un listado de los tópicos estudiados allí incluía cuestiones tales como la realización de ejercicios interactivos en donde los empleados se entrenaban en el análisis de sobornos, fraude a la empresa, acoso laboral, confidencialidad y conflicto de intereses, entre otros. Este perfil de eficiencia y compromiso ético ha seducido también a sectores ligados al gobierno nacional; por ejemplo, el gobernador de Neuquén Jorge Sapag manifestaba recientemente que "Statoil es el modelo a imitar en el desarrollo en el mediano y largo plazo de la empresa de hidrocarburos neuquina" Gas y Petróleo del Neuquén.

Asimismo desde "Tiempo Argentino" un editorialista manifestaba entusiasmado que "Galuccio pretende replicar en la YPF argentina el modelo de Statoil, la petrolera noruega que asombra al mundo y que se ha convertido en un verdadero caso de estudio por su ética, profesionalismo y competitividad en un mundillo complejo como el petrolero, donde se mueven tantos intereses políticos y económicos".
La tecnología no sólo trata con variables científicas o tecnológicas sino que incorpora valores no epistémicos, en particular los estéticos y éticos. Estos últimos son aquellos que tienen que ver con lo que consideramos moralmente bueno o malo para realizar tal o cual acción. La disciplina que estudia los valores morales en la tecnología es la ética de la ingeniería. Para la NSPE (NationalSociety of Professional Engineers, Estados Unidos) la ética de la ingeniería es el estudio de: a) las cuestiones morales y de las decisiones que confrontan individuos y organizaciones relacionadas con la ingeniería y b) los tópicos relacionados con la conducta moral, los ideales y realizaciones de las personas y organizaciones involucradas con el desarrollo tecnológico.

Definiciones similares pueden ser encontradas en diversos libros de texto de ética de la ingeniería que, además, tratan numerosos estudios de casos organizados en bloques temáticos similares al listado que Gabriel Salvia presenta como novedosos y originales de Statoil. El abordaje de los problemas éticos puede ser hecho desde tres enfoques: a) basado en virtudes, b) basado en las consecuencias o c) basado en reglas. Este último es el más frecuentemente utilizado en la elaboración de los códigos de ética empresaria; por ejemplo, el de la compañía petrolera Halliburton describe los estándares de integridad moral que deben aplicar ejecutivos y empleados en las prácticas legales y éticas de la corporación. Como resalta el CEO de la compañía en la introducción del código, "no hay cualidad más importante que la integridad".

Asimismo, las empresas suelen asociarse en organizaciones que luchan contra la corrupción, principalmente en países en vías de desarrollo. Así, la EITI (Extractive Industries TransparencyInitiative), con sede en Oslo, aboga por implementar estándares que brinden transparencia a la utilización de los ingresos obtenidos por la explotación de los recursos naturales. Conforman la EITI 50 países y 60 megaempresas que aportan fondos para el sostenimiento de la misma. Entre éstas se destacan British Petroleum (BP), Anglo-American, Conoco Philips, Total, Statoil y Exxon Mobil.

Tenemos, pues, principios y códigos éticos y organizaciones. Pero ¿las prácticas son acordes con el marco teórico enunciado? Veamos. Halliburton ha sido una empresa severamente cuestionada. Su papel en la guerra de Irak, que se tradujo en millonarios contratos en ese país asiático dada su vinculación con el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, está probado más allá de toda duda. Por otra parte, recientemente BP ha acusado a Halliburton de destruir pruebas que la involucraban en mala praxis de ingeniería en la explotación del pozo Macondo del Golfo de México, cuyo accidente en el 2010 causó un derrame que afectó gravemente el medioambiente de la zona. Por otra parte, la empresa británica Anglo-American fue denunciada por las organizaciones humanitarias WaronWant y Human RightsWatch por su complicidad con violaciones sistemáticas de derechos humanos y traslado forzoso de poblaciones, en particular en la República Democrática del Congo. ¿Y Statoil? En agosto del 2011 la compañía se vio forzada a reconocer la violación de las leyes ambientales del estado de Alberta, Canadá, en donde explota un yacimiento de arenas bituminosas (oilsands). Statoil desviaba ilegalmente cursos de agua de diversa procedencia (arroyos, ríos y lagos) con el fin de abastecer su planta de Conklin, ubicada a 350 kilómetros de Edmonton, capital del estado. Por este caso las autoridades canadienses le aplicaron a Statoil importantes multas.

También, Statoil ha participado del negocio petrolero en Irak, donde ganó una licitación para explotar el yacimiento de West Qurna-2 en sociedad con la compañía rusa Lukoil. Como se sabe, la guerra de Irak fue justificada en su momento por la tenencia de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein. Tiempo después se demostró que las acusaciones estaban basadas en pruebas falsas ya que el real objetivo de la aventura bélica era apoderarse del petróleo iraquí. En Gran Bretaña, principal aliado de Estados Unidos, los documentos elaborados por la inteligencia británica fueron redactados por el equipo de la JIC (JointIntelligenceComittee). Al frente de la JIC estaba sir John Scarlett, en el 2004 ascendido a jefe del servicio secreto MI6. Desde abril del 2011 Scarlett revista como asesor ejecutivo para estrategias globales de... Statoil.

Estos ejemplos nos hacen ver la enorme distancia que hay entre los principios éticos y las prácticas concretas de algunas empresas. Por ello, es reconfortante percibir en el nuevo directorio de YPF una tendencia a construir una empresa nacional con perfil propio, con un razonable equilibrio entre técnica y política y sin modelos a copiar.

(*) Ingeniero. Secretario Académico de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la  Universidad Nacional del Comahue.

Petróleo, corrupción y guerra

Marcelo Catelmi

Azerbaiján, el mayor país del Cáucaso, cuenta con una condición afortunada: su vasta riqueza petrolera. Desde la capital, Baku, nace el mayor oleoducto del mundo, con capacidad para transportar un millón y medio de barriles por día. Ese tubo, conocido por las siglas BTC, recorre 1.760 km. uniendo Baku con la capital de Georgia, Tiflis, hasta llegar al puerto turco de Ceyhan.

El oleoducto, construido por las mayores petroleras del globo, es una virtual frontera occidental frente a las narices de una Rusia irritada que hace tiempo busca recrear el patio trasero que controló durante las épocas de la Unión Soviética. El BTC hace una gran curva para esquivar a Armenia. Esa pequeña nación cristiana, que formó parte de la URSS al igual que la musulmana Azerbaiján, libró a fines del siglo pasado una feroz guerra con los azeríes por el control del enclave de Nagorno Karabaj.

Ese espacio, convertido hoy en una república mínima sin reconocimiento internacional, es un territorio habitado históricamente por los armenios pero que el dictador José Stalin entregó a Azerbaiján. Armenia lo recuperó a sangre y fuego en cuanto cayó la URSS. Sin embargo rige allí un frágil cese de hostilidades porque la otra parte reclama esas tierras. Azerbaiján tiene grandes apoyos pese a las criticas en contra de su gobierno por una extendida corrupción.

Es un país turcófono, cuya alianza con Turquía es carnal, y acaba de comprar US$ 1,6 mil millones en armas a Israel incluyendo aviones drones de ataque sin piloto. Baku aclaró que ese material no lo usará para auxiliar a su aliado israelí si entra en guerra con Irán. El objetivo es más concreto.

El embajador de Azerbaiján en Teherán especificó que el blanco será, justamente Nagorno y sus actuales ocupantes. Ese peligro de guerra hizo ya que Washington frenara la venta de equipamientos bélicos de vigilancia a Baku. Pero es sólo un descanso en la escalada.

larín 120703

Natural gas gold rush: Is your state next?

The script might not play out exactly the same in each new community touched by the nationwide boom in natural gas and oil drilling, but the changes have a familiar echo:

A shale gas well operates at night in Moshannon State Forest in Clearfield County, Pa. Twenty states including Pennsylvania have shale gas wells, rigs that tap rock layers harboring gas in shale formations.

Since the late 1990s, American landscapes have become dotted with a small forest of shale gas wells — 13,000 new ones a year, or about 35 a day, according to the American Petroleum Institute. In the past decade, this steady stream of development has become a gusher as nearly half the country has staked claim to these energy riches. In 2000, the USA had 342,000 natural gas wells. By 2010, more than 510,000 were in place — a 49% jump — according to theU.S. Energy Information Administration.
Twenty states have shale gas wells, so-named because they tap rock layers that harbor the gas in shale formations (with names such as Marcellus, Utica, Barnett). The bulk of the drilling has come since 2006, according to the EIA.

Wherever drilling happens, life changes.
First, the "landmen," or agents from drilling companies, show up offering three- to six-year drilling leases to property owners. The payoff can be as little as $15 an acre or up to $6,000 an acre, producing a new class of wealthy landowners, though some have used the windfall to simply pay off old farm debts.
Then the trucks arrive and the drilling starts, using a process called hydraulic fracturing, or "fracking," to retrieve the natural gas. The process pumps millions of gallons of water, sand and chemicals underground to fracture shale layers and release its natural gas.
That's what happens below the Earth's surface. Above ground, rents increase and hotel rooms begin to fill up. In the process, out-of-the-way towns that had been moseying along for decades begin to change: Some folks are thrilled at the infusion of jobs and cash, and others worry about higher rents and the massive change in the landscape. After all, right before their eyes, forests and farms become factories for finding fossil fuel.
"The issue is, what kind of landscape is left behind? Who's going to win? Who's going to lose?" says Harvard public policy professor David Keith, speaking at a National Academy of Sciences event in May.

Stephen Cleghorn, owner of a 50-acre certified organic farm and goat dairy in Reynoldsville, Pa., is worried hydraulic fracturing gas drilling activity nearby will affect his animals and the farm he and his wife started in 2005.
Whatever the changes, fracking is no longer a distant phenomenon for many Americans. Natural gas production from shale was just shy of a trillion cubic feet in 2006. Last year, it swelled to 7.19 trillion cubic feet, a 600% increase, according to the EIA.
At this rate, it might be coming soon to a town near you.

Where the money is good

Starting with efforts during the 1990s to fracture the Barnett shale in Texas — a 5,000-square-mile rock layer more than 320 million years old and loaded with natural gas — shale fracking has crept across the country. More than 1,400 wells were drilled last year across Pennsylvania alone, and nearly that many the year before, according to the state'sDepartment of Environmental Protection.
"Oh my heavens, yes, the boom is here," says Ohio State University agricultural extension agent Mike Hogan, who until recently worked in two eastern Ohio counties, Harrison and Jefferson. Both sit atop the Utica shale, about 10,000 feet down and prized for its "wet" natural gas, rich with liquid ethane, butane, propane and heavier liquids that can be made into gasoline.

As natural gas prices are down and gasoline prices top $3 a gallon in most of the country, the action in hydraulic fracturing has found a home in eastern Ohio.
"The number of trucks on the roads is incredible," Hogan says. "But the money is more than welcome here."
States swept up in the fracking frenzy rush to keep pace with the relatively new phenomenon.
In New York, community and business groups are fighting over an unreleased proposal by Democratic Gov. Andrew Cuomo that could limit fracking to a handful of economically struggling counties along the border with Pennsylvania.
In May, regulators unveiled updated rules to cover fracking in Ohio, the latest state to take such a turn. The regulations require water well tests within 1,500 feet of gas wells, partial disclosure of fracking fluids and other measures to ensure "cradle-to-grave" monitoring of wells.
Next door in Pennsylvania, regulators approved similar rules last year for drilling from its Marcellus shale, a layer of rock about 7,000 feet deep stretching from New York State to Tennessee, which was the star of the boom six months ago. The Marcellus shale produces mostly "dry" natural gas, a commodity whose price has fallen by half over the past year.
The two states illustrate the wider issues that ride tandem with the spread of the fracking boom, seen from North Dakota to Texas and beyond.
"A big issue is just change itself. Too often 'fracking' gets blamed when it's the whole package that leads to the problems — the trucks, the noise, the workers, the environmental problems, the feeling of being disempowered by regulations," says rural sociologist Kathy Brasier of Penn State. "At the same time, there's no doubt that this industrial activity causes significant change to the landscape, and there are unanswered questions about environmental impacts that concern people."

The big questions

The first to confront the questions are landowners, sometimes offered big money for rights to drill on their property.
"We have had some landowners walk into extension offices with 'million-dollar' checks, and ask, 'What now?' " says Ohio State's Kenneth Martin, who heads the university's agricultural extension efforts that have helped farmers and landowners in the state for decades.
Besides producing such "winners," boomtowns typically see more jobs (unemployment is down more than a percentage point in Ohio's eastern counties in the past year, partly because of manufacturing and drilling activity), more occupied hotel rooms, more Texas and Oklahoma license plates on drillers' cars and higher property values, increasing rents and taxes.
"The big question we hear is, 'when do I pull the trigger' and sign a lease agreement," says Steve Schumacher, an Ohio State extension agent in Belmont County, where the heavy drilling has not quite started. "We have had some time to prepare in Ohio because we have seen what happened elsewhere." Schumacher and his colleagues tell landowners to get everything in writing, check their water for methane and brace for change.
Even as the price of natural gas dropped to around $2 for a thousand cubic feet this warm winter — half last year's price — states caught up in the boom have enjoyed an employment windfall when jobs nationally have been hard to come by. Since 2009, Pennsylvania has 38,900 natural resources jobs, up 72%; North Dakota has 21,900 jobs, a 172% surge, according to Federal Reserve data.

These numbers don't include jobs added to service the fracking industry — everything from selling workers donuts to making steel pipes used in the process. One-time lease checks — some for more than six figures — also can juice local economies, according to Schumacher.
At the same time, concerns have mounted about the risks of having such industrial activity near towns and farms. Some farmers have taken smaller lease checks on the promise that the wellheads wouldn't be on their land. That shifts the hassle and noise of a wellhead — an industrial site up to 8 acres in size and operating 24 hours a day while it is being drilled — onto the land of neighbors who took bigger checks. The wells drill down to the shale layer, then fracture the rock sideways to recover the natural gas under all the leased land.

The other side of the boom

"I never, ever, thought about leaving. It was my lifelong dream to be a farmer," says Jenny Lisak, 58, of Punxsutawney, Pa., who owns a blueberry and apple farm with her husband, Tom. "Now I have to worry about air pollution and water pollution and life not being normal around here anymore."
Amish buggies wait for tanker trucks filled with drilling fluid to rattle past on the country road in front of Lisak's farmhouse. Across the lane is a neighbor's alfalfa field, leased to a drilling company. About a mile away is a deep disposal well, one of only a handful in the state, where leftover fracking fluid goes to be deposited in deep underground rock formations.
Lisak, who has no desire to see her farm become a fracking site, sees nothing but downside around her. She says the threat of spills keeps her up at night.
For many others, the good times are rolling. Welders employed in the natural gas industry average $28.48 an hour, 6 bucks more an hour than other industries pay, according to theBureau of Labor Statistics.
"We're still hiring," says David Schultz, a plant manager for Forum Energy Technologies' metal fabrication plant in Clearfield, Pa., one county over from Lisak's farm. About half the fracking well tanks that are manufactured or fixed at the plant are bound for Ohio and the Utica shale, Schultz says.
Just as the gold rush boom of the 1800s left ghost towns in its wake, some wonder whether fracking boomtowns will revert to bust towns once the trucks have left.
In Ohio, the concern is that too many homes or hotels will be built, Hogan says. "I worry about jobs after the workers aren't drilling the actual wells and the royalty checks slow down. What happens then?"
Brasier says "there's no recipe book" to help communities perfectly respond to the mix of new wealth, environmental concerns, housing price fluctuations, crime spikes, noise, trucks and other disruptions to daily life associated with an energy boom.
"All we have is a list of ingredients that each place will face in different amounts in different ways," she says.

Environmental concerns

As for environmental concerns ushered in with the fracking boom, there are more questions than definitive answers.
"We need more technical information that does not exist," says Vicki Colvin, head of the Center for Biotechnology and Environmental Nanotechnology at Rice University in Houston. This lack of clarity has fed a roiling debate between environmental organizations, industry groups and professors over the possibility of fracking fluids contaminating air and water near well sites.
A University of Texas review funded by the industry this year concluded that the biggest environmental threat was from spills and poorly constructed wells. This review followed a Duke University study last year that found higher odds of natural gas contamination in water wells within 1,100 yards of fracking wells. That led to a push for stronger "setback" distances between drill sites and wells in regulations for sites in Pennsylvania and Ohio.
There is also the recent concern that fracking might cause earthquakes.
A National Research Council report this month concluded that fracking "does not pose a high risk" of triggering meaningful quakes. It noted, however, that deeper wastewater disposal wells do pose rare risks of triggering minor quakes like the ones that shook Youngstown, Ohio, last year.
Indeed, the challenges and concerns that arise with this energy boom vary greatly from state to state, and even from town to town.
"Every place is different in its history and the people who live there," Brasier says. "Every company is different in how it does things. So the way that each community responds will be different, too."
Then there's the challenge that people are happy to wrestle with: what to do with all that money.
"We're now moving on to talking to people about financial management, handling those checks, expecting the trucks," says Schumacher, the extension agent from Belmont County. "I think we are ready for what's coming. Overall, there's a sense of excitement to be where things are happening."

USA Today 120628

La Presidenta acordó con Putin proyectos de energía
En el encuentro bilateral decidieron promover un acercamiento entre las empresas YPF y Gazprom

Florencia Donovan

LOS CABOS, México (De una enviada especial).- La Argentina encontró un aliado en Rusia no sólo en las discusiones en favor de que el mundo termine con el ajuste y aplique medidas para fomentar el crecimiento, sino especialmente en materia energética. En la reunión bilateral mantenida ayer, Cristina Kirchner y su par Vladimir Putin acordaron promover una reunión entre los presidentes de YPF y la empresa estatal rusa Gazprom para "encontrar coincidencias".

"Ambos mandatarios dispusieron que los titulares de Gazprom, la primera productora de gas en el mundo, y de YPF se pongan en contacto para buscar puntos de coincidencia y trabajar en conjunto", dijo el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro.

El interés de Gazprom por el negocio energético en la región no es nuevo. La empresa rusa ya había intentado en 2008 comprar el 20% que tenía el grupo constructor Sacyr Vallehermoso en la española Repsol, entonces controlante de YPF. Un año después, ejecutivos de Gazprom le manifestaron interés al ministro de Planificación, Julio De Vido, por invertir en todas las etapas de la producción gasífera en el país: extracción, transporte y distribución.

El canciller Héctor Timerman descartó que del diálogo entre la Presidenta y Putin hubiera surgido un acuerdo con Gazprom para un desembarco local o alguna adquisición. "Habrá un diálogo entre ambas empresas", aclaró.

El gobierno de Putin, anfitrión de la próxima cumbre del G-20, en San Petersburgo, aspira a que Gazprom pueda alcanzar el 25% del mercado mundial de gas hacia 2020. Según confió a LA NACION un empresario que participa del negocio petrolero en la Argentina, el yacimiento de Vaca Muerta posee un rico potencial para la extracción de gas. "Los yacimientos de shale gas [gas no convencional] en Estados Unidos son horizontales: tienen petróleo y gas. Vaca Muerta es casi exclusivamente gas", detalló.

La empresa rusa, que es de propiedad estatal en un 50,01%, tiene experiencia en América latina. Tendría ya un acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre la búsqueda de gas natural.

Antes del encuentro con Putin, Cristina Kirchner se reunió durante 30 minutos con el presidente de China, Hu Jintao, con quien habló sobre "la necesidad de una integración mayor del comercio", entre otros temas. La cancillería argentina negó que hubieran tratado los problemas comerciales, que en algún momento llevaron a que China, en represalia por las trabas comerciales, dejara de comprar aceite de soja.

"Vamos a profundizar esta relación con la llegada del primer ministro chino, WenJiabao, el domingo a Buenos Aires", explicó Timerman, quien reveló que Hu Jintao y Putin le expresaron a la Presidenta su apoyo por el tema Malvinas.

En el encuentro con el presidente de China, indicó el canciller, se habló de temas de seguridad, dado que a partir de 2013 la Argentina será miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La Nación 120620